SAN JUAN _  La Federación de Maestros denuncia los efectos negativos que ha producido la imposición del ponchador electrónico basado en la huella dactilar para registrar la asistencia de maestros y maestras.  Luego de ser impuesto en septiembre, en la Región Educativa de Caguas, es evidente que dicho registro implica, entre otras: la pérdida de tiempo lectivo para los estudiantes, la pérdida de recursos  que antes se utilizaban para la compra de materiales educativos, el deterioro de los servicios educativos y la pérdida de la hora de almuerzo de los maestros.

Desgraciadamente el tiempo le da nuevamente la razón a la Federación. En mayo indicamos:  “este tipo de ponchador es un mecanismo para incrementar la jornada de trabajo y restarle tiempo personal al empleado. Su implantación va a crear múltiples problemas en las escuelas, particularmente en aquellas que trabajan muchos maestros.”

El Departamento de Educación le roba la hora de almuerzo al magisterio.  En el almuerzo, el  ponchador permite registrar la asistencia a partir de las 11:30 a.m.  En escuelas medianas o grandes la fila para el registro toma de 10 a 20 minutos. Al finalizar el almuerzo, el registro de entrada se tiene que realizar antes de las 12:30 p.m.  La fila en este caso toma igualmente de 10 a 20 minutos. Por tanto, la hora de almuerzo se reduce a  40 minutos. Evidentemente, el abuso de poder de Aragunde ha llegado al extremo de negarnos nuestro derecho a almorzar con dignidad.

El ponchador igualmente es utilizado para extender la jornada de trabajo del magisterio en filas inútiles que nos obligan a entrar a trabajar antes de las 8:00 a.m. y retiene al maestro hasta después de las 3:00 p.m.

Es importante indicar que el registro de asistencia utilizado tradicionalmente en la Agencia tomaba menos de 30 segundos. Además, la inmensa mayoría de los maestros estaban en sus salones de clase antes de las 8:00 a.m. y después de las 3:00 p.m. realizando tareas productivas y no perdiendo el tiempo en filas inútiles.

El Departamento de Educación le roba tiempo lectivo a los estudiantes. En la mañana, la fila implica que el maestro inicia su clase unos 15 minutos más tarde y tiene que salir de su salón para la fila de almuerzo unos 15 minutos antes. Si ponchas después de las 11:40 a.m. la máquina registra que abandonaste ilegalmente tu centro de trabajo. En la tarde, el proceso es similar: 15 minutos en la primera clase de la tarde y 15 en la última. Diariamente se pierde aproximadamente una hora de tiempo lectivo, unas 30,000 horas diarias. Visto de otro modo: de cada seis días de clase (6 horas de trabajo por día) se pierde con el dichoso ponchador. Evidentemente el ponchador es un aparato improductivo, que le hace daño a los  estudiantes y que produce pérdidas millonarias.

El Departamento de Educación le roba los materiales didácticos a las escuelas. El Secretario Aragunde admitió públicamente que el dinero utilizado para establecer el ponchador y su mantenimiento proviene de las asignaciones que antes tenían las escuelas para comprar, entre otras, los materiales educativos que necesitan los estudiantes. Mientras las escuelas no tienen los equipos y materiales necesarios para impartir una educación de excelencia, la privatizadora KRONOS nada en millones. Aragunde informó que la implantación del sistema costó, al menos, $50 millones y el mantenimiento de un mes del sistema en Caguas superó los $120,000. Una vez se implante en toda la isla, el costo mensual puede aproximarse a $1,000,000 por mes para que en KRONOS sigan haciéndose ricos a costa de los materiales educativos que necesitan los estudiantes.

El Departamento de Educación le roba el trato digno y humanitario que merecen padres y estudiantes. El proceso educativo es complejo  y no puede, ni debe, ceñirse a los requerimientos de una máquina que hace tiempo se ponchó. Este equipo tiene el efecto de que los maestros tienen que ir a hacer filas y abandonar abruptamente las reuniones con los padres, las reuniones del programa de educación especial (COMPU), las orientaciones a los estudiantes, las actividades intramurales y todo proceso educativo más allá del salón de clases. Uno de los casos más conflictivos se produce cuando los Trabajadores Sociales, Orientadores o maestros tenemos que intervenir en situaciones de crisis, a sabiendas de que esto puede implicar que se nos acuse de abandonar nuestras labores. El ponchador es parte de un esfuerzo inhumano para privatizar e imponer la dictadura fabril en nuestras escuelas.

La Federación de Maestros basa su oposición al uso del ponchador electrónico principalmente en dos razones:

La experiencia de apenas dos meses de la imposición arbitraria del ponchador demuestra que si la implantación del ponchador se hubiese negociado, hubiésemos podido evitar el daño a los maestros, los estudiantes,  los padres y a los procesos educativos escolares.

Sólo a un Secretario como Aragunde, al servicio de los privatizadores, se le puede ocurrir malgastar más de 50 millones de dólares en ponchadores improductivos, cuando la Federación tiene propuestas para el establecimiento de sistemas para el registro electrónico de asistencia que se ajustan a la realidad escolar,  no violan nuestros derechos constitucionales y apenas implicaban gastos adicionales para la Agencia.

El gobernador tiene la palabra: ¿continuará auspiciando la campaña antimagisterial y la incapacidad administrativa de Aragunde o promoverá la negociación de buena fe? El tiempo apremia, queremos negociar pero si siguen abusando una huelga están buscando.