SAN JUAN _ La Federación de Maestros de Puerto Rico denuncia que para todos los efectos prácticos el Departamento de Educación ha sido puesto en sindicatura por la Junta de Reconstrucción Económica y Fiscal (JREF) creada por la Ley 7, lo cual está teniendo graves consecuencias en el inicio del curso escolar.

El proceso de nombramientos es un caos sin precedentes en el Departamento. Un proceso que debió comenzar en mayo se ha dilatado exageradamente comenzando realmente a finales de julio. En estos momentos más de 3,000 plazas docentes están sin llenar lo que significa que cuando comience el curso escolar el próximo lunes miles de estudiantes no tendrán maestros (as) que los atiendan. La mayoría de los traslados solicitados no han sido autorizados a pesar de que cumplen con los requisitos establecidos por la agencia y por la JREF. A esto hay que sumarle que debido a las disposiciones de la Ley 7, cientos de conserjes y empleadas de Comedores Escolares fueron cesanteados, otros tantos se jubilaron y sus plazas fueron cerradas, lo cual agrava los problemas en muchas escuelas.

Denunciamos la insensibilidad y la demagogia del gobernador Luis Fortuno que pretende lavarse las manos de su responsabilidad en los problemas que afectan el inicio de clases. La Ley 7 firmada por él es la causa principal de este desmadre y de las futuras consecuencias ante el embate de la gripe porcina en las escuelas del país. Entregarle la dirección de una agencia tan grande como el Departamento de Educación, con más de 70,000 empleados y una normativa sumamente compleja, a una junta que lo único que le interesa es reducir costos operacionales, es poco menos que una crasa irresponsabilidad.

La ridiculez llega al extremo de que la JREF es quien autoriza los traslados, las contrataciones y hasta cómo se realizan las entrevistas. Si esta agencia burocrática que desconoce totalmente el funcionamiento del Departamento no da la autorización no se puede mover un dedo en el Departamento. Por eso es claro que el Departamento está bajo la sindicatura de la JREF y por tanto, los designios caprichosos del gobernador.

La Federación de Maestros exige que se elimine la injerencia de la Ley 7 sobre el Departamento y se le devuelva a esta agencia su capacidad para tomar decisiones según el estado de derecho vigente antes de la aprobación de esa nefasta ley. Hacemos un llamado urgente a los padres y maestros a que exijan que se nombren las plazas de maestros y demás personal que hace falta para darle un servicio adecuado a los estudiantes.

Estos días deben servir para que padres, maestros y los directores evalúen si realmente sus escuelas están aptas para comenzar las clases el próximo lunes. Hacer sentir la voluntad de la comunidad escolar es fundamental para evitar que los efectos de los problemas apuntados y de la gripe porcina, vayan a crear situaciones de tal gravedad que tengamos que lamentar.

Rafael Feliciano Hernández
Presidente
Federación de Maestros