La Junta Directiva de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) principal organización que representa docentes en las unidades de Carolina, Ciencias Médicas, Ponce, Utuado y Río Piedras, del Sistema de la Universidad de Puerto Rico, se solidariza con los reclamos de los diecisiete maestros y un consejero de la Escuela Luís Muñoz Rivera de Utuado, quienes piden que se les restituya de empleo y sueldo. En la víspera de la celebración de la Vista Administrativa en contra de este grupo de maestros, exhortamos al Secretario de Educación, Dr. Rafael Aragunde, como universitario que conoce de cerca las necesidades y reclamos del sector docente que incluso llegó a liderar, que devuelva a su centro de trabajo a estos compañeros que no han hecho otra cosa que demostrar su compromiso con la educación pública.

El negarse a enseñar bajo condiciones de trabajo onerosas impuestas bajo una nueva administración escolar, fue razón suficiente para que se les acusara de insubordinación y se les despidiera sumariamente. Los cambios impuestos incluyen aumentar la carga de trabajo de los maestros de cinco clases a seis (y hasta ocho, según declaraciones del Secretarlo de Educación el 31 de agosto). A esto se añade destruir la organización escolar (autonomía escolar protegida por la Ley 149) que ha estimulado la excelencia académica en este plantel.

Hay unos cuatrocientos estudiantes sin asistir a clases y ahora se asignan maestros sin experiencia y cuya preparación es distinta a lo esperado para los cursos indicados. Se trata de imponer un currículo regular en una escuela cuyos estudiantes se destacan académicamente. .Por qué destruir la organización escolar en un plantel que gradúa estudiantes con las características y el perfil al que aspira el sistema? Hay varias explicaciones posibles, una de las cuales es que el DE desea eliminar todo ejemplo que pruebe que con la participación de estudiantes y maestros se puede lograr una educación de excelencia. Las cartas circulares del DE han dictado la disolución de todo organismo de participación directa de educadores y estudiantes en el proceso educativo. El desarticular toda escuela con excelencia académica es también una manera de justificar la privatización del sistema pues así se prueba la necesidad de tener “consultores” con sueldos desproporcionados y de entregar las escuelas a empresas con fines de lucro (amparadas bajo leyes que las clasifican de otra manera).

La APPU repudia toda acción que elimine la participación de los educadores en decisiones académicas y que imponga cargas de trabajo adicionales como sustituto a la contratación de nuevos maestros. La suspensión impuesta por administradores sin conocimiento de los planteles en que trabajan, refleja un estilo muy distante del espíritu democrático ligado a una educación para el pensamiento. Las reformas al sistema educativo deben emular los buenos ejemplos, no sustituirlos o destruirlos. La APPU reconoce el derecho de estos educadores a enfrentar políticas que consideran injustas y reafirmamos la defensa y apoyo a la educación pública de excelencia.