El proyecto de ley que cinco senadores novoprogresistas han radicado para establecer como política pública la creación y el desarrollo de las escuelas charter (EC) es prueba y evidencia contundente del discurso de privatización que la Federación de Maestros ha pronunciado en los últimos años.  Atacado y desangrado el presupuesto de fondos federales con la implantación de los servicios educativos suplementarios (tutorías) ahora los depredadores van en busca –con la ayuda de estos senadores- de la tajada de las EC.

Los privatizadores pretenden cambiar todo el proceso educativo de nuestra escuela pública.  Pretenden que se distribuya el escaso presupuesto entre empresas, clubes, hospitales, universidades, asociaciones cívicas-profesionales e iglesias.  Pretenden cambiar a los directores por gerentes, al currículo por catálogo, a los estudiantes por materia prima y a los padres por clientes o consumidores.

Las EC son un híbrido que aprovechan lo mejor de dos mundos: son públicas para recibir fondos públicos y privadas para no rendir cuentas a nadie.  Están exentas de las obligaciones y regulaciones del sistema escolar, tienen autoridad fiscal y curricular, amplio control para contratar maestros (los cuales no tienen que ser certificados), establecer programas, calendarios y determinar salarios y condiciones de trabajo.  No operan en planteles escolares ya que tienen potestad para funcionar en edificios adaptados para la ocasión o compartidos con cualquier otra actividad.

El EC son depredadores peligrosos en el ecosistema educativo, que van a consumir gradualmente los recursos económicos y por ende destruir el derecho constitucional de la escuela y la educación pública.  Ese sería el resultado de la implantación de las EC en Puerto Rico.  Esa es la discusión que debemos auspiciar para defender y salvar nuestra escuela de este nuevo atentado.

Que no nos suceda lo mismo que nuestros hospitales y servicios de salud.