Más vale tarde que nunca. Tan reciente como el pasado viernes a prensa del país reseño las renuncias de las principales ejecutivas de la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación, Marienma López, Directora y Zoryleni Avilés Porrata-Doria, Subdirectora, renunciaron a sus puestos aduciendo razones personales no especificadas. También trascendía que el Departamento dejó sin efecto los contratos con Excellence in Education Inc., empresa dirigida por Zoraida Porrata-Doria, madre de Zorylen Avilés.

En marzo de 2007 la Federación de Maestros denuncio públicamente que el Secretario le había concedido jugosos contratos millonarios a la Dra. Porrata-Doria, intima amiga de Aragunde y del Subsecretario Waldo Torres, y que los mismos fueron aprobados por la hija de Porrata-Doria y por la Directora Marienma Lopez, que había sido asesora legal de Excellence in Education. Esa relación contractual evidenciaba un claro conflicto de intereses, violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y un esquema de favoritismo que rayaba en corrupción.

EL Secretario juró y perjuró que los contratos no tenían nada de ilegales y defendió a las funcionarias aludidas como gato bocarriba alegando que, tanto el como estas, se habían inhibido en la otorgación de los mismos. Aragunde mintió descaradamente a sabiendas de que sus alegaciones eran falsas. Peor aun, Se dio a la oprobiosa tarea de crear documentos fraudulentos para hacer ver que no había habido ningún acto impropio. Sin embargo, el escándalo público creado por estas denuncias por poco le cuesta el puesto a Aragunde, que se mantuvo gracias al apoyo incondicional del gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Las razones personales aducidas por las renunciantes no se las creen ni ellas mismas. Hemos recibido información de que la renuncia de las amiguitas de Aragunde fue precipitada por la intervención de un Inspector Federal que está investigando diversas transacciones de la Oficina de Asuntos Federales y que posiblemente, en su momento, se radiquen cargos contra varios funcionarios de esa oficina. Por tanto, más que renuncias estamos ante la aceptación, cinco meses más tarde, de que la Federación de Maestros tenia razón en sus denuncias.

Obviamente, nos alegramos de que estas personas ya no ocupen puesto alguno en el Departamento, pero su salida no es suficiente. Tanto la Oficina de Ética Gubernamental como el Departamento de Justicia tienen la obligación de investigar los contratos aludidos y el papel de estas funcionarias en su otorgación. Esto no puede ser borrón y cuenta nueva. Todos los implicados en este escándalo deben pagar según su cuota de responsabilidad y la agencia debe tomar las medidas necesarias para que una situación tan bochornosa como esta no se vuelva a repetir.

Algo muy malo esta pasando en el Departamento. Aragunde se está quedando solo y los pocos aliados que le quedan allá en el Olimpo de Hato Rey, solo se mantienen por la jugosa paga que éste les dispensa. Hace pocos meses su inseparable Waldo Torres cogió la juyilanga; días después la Directora y el subdirector de la División Legal renunciaron. Awilda Santos, la Subdirectora de OMEP, funcionaria ligada a la desaparición de decenas de computadoras y a otras irregularidades, se fue sin despedirse. Sin olvidar que Javier Colón Morera, asesor educativo del gobernador y padrino político de Aragunde, también abandonó el barco del Secretario,

Estos sucesos son solo el prologo de la que se avecina. Cuando el cimbronazo de la huelga magisterial golpee la intransigencia de Aragunde con toda la fuerza que seamos capaces de generar, al gobernador no le quedara más remedio que salir de él u ordenarle que se siente a negociar de buena fe con la Federación de Maestros.